Luego de una reunión en la tarde de este miércoles con los representantes de la bancada de Cambio Radical, el fiscal General, Francisco Barbosa, hizo varios cuestionamientos a la ley de sometimiento que fue radicada ante el Congreso por parte del Gobierno y por medio de la cual se complementa el proyecto de la ‘paz total’.
Para el jefe del ente investigador, pese a las observaciones hechas semanas antes, el proyecto de ley trae consigo múltiples beneficios a los narcotraficantes y olvida por completo los compromisos de reparación con las víctimas, lo cual reviste una gravedad absoluta. Tras revisar el nuevo documento, el fiscal general manifestó que no se atendieron sus observaciones frente al parágrafo que legalizaba el narcotráfico.
Frente a los topes económicos para aquellos narcotraficantes que delaten y entreguen lo adquirido con el negocio ilegal. “Los topes eran cinco mil y los subieron a diez mil, es decir, casi 11 mil millones de pesos, es decir, con 2.8 millones de dólares usted se embolsa por meterse en la paz total. Yo vuelvo, y repito, que hayan puesto en el artículo que esos bienes son susceptibles de ir a las víctimas, pues me parece que no garantiza nada, es una redacción difícil, farragosa, complicada, que no se entiende. Considero que es importante a lo que está en el Código de Extinción de Dominio”.
Igualmente, cuestionó la figura de “reparaciones colectivas” que señala el proyecto. “¿Hombre, le estamos diciendo a cientos de colombianos que le han vulnerado todos los derechos que los van a meter en una bolsa colectiva? Es mejor hacer reparaciones individuales”. Por esto pidió imitar el modelo de Justicia y Paz.
“Veo con mucha preocupación y con alarma que muchas de las objeciones que planteó la Fiscalía no fueron recogidas”. En el nuevo documento el delito para concierto para delinquir tendría una especie de indulto, puesto que se les da la posibilidad de llegar a un principio de oportunidad y no pagar un solo día de cárcel. “Yo he sido muy claro, una cosa es el sometimiento a la justicia y otra cosa la justicia transicional”.
En rueda de prensa, aseguró que no se puede igualar la figura de sometimiento a la justicia con una especie de proceso de paz como el que se adelantó en La Habana (Cuba) hace más de seis años.
“No se le pueden dar unos beneficios excesivos a aquellos que se someten a la justicia. Tampoco se les puede aplicar el mismo rasero que se les dio en La Habana, puesto que acá hay una distinción, ya que uno es un proceso de paz y el otro es un proceso donde se benefician estructuras derivadas del narcotráfico y paramilitarismo”.
Para el alto funcionario, en el documento radicado este miércoles por el Ministerio de Justicia sí se anexó un capítulo para las víctimas.
Igualmente, cuestionó el hecho que estos proyectos gubernamentales se hayan presentado con mensaje de urgencia ante el Congreso de la República. “Le pido al Gobierno, en el marco de la democracia, que reconsidere la posibilidad de enviar mensajes de urgencia para no convertirlos debates en algo rápido, porque este país requiere deliberación y debate. Yo he pedido que se respeten los espacios. El país necesita claridad, no rapidez”.
Estas críticas se suman a las que presentó la procuradora General, Margarita Cabello Blanco, así como a las del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien aseguró que este no se garantiza ni la reparación de las víctimas ni ponerle fin a los negocios del narcotráfico.
