En el Ministerio de Defensa se presentó un fuerte relevo de cargos a lo largo y ancho del país en los últimos meses. SEMANA conoció decenas de denuncias de personas que aseguran que fueron sacadas de la institución y no les brindaron garantías. Varios de esos casos reclaman especial protección constitucional o “estabilidad laboral reforzada”, es decir que están protegidos legalmente, pues tienen algunas condiciones para no ser retirados de la entidad, entre ellas ser madres cabeza de familia, estar en estado de embarazo, padecer enfermedades graves, un fuero sindical o ser prepensionados.
El abogado Cristóbal Castaño, presidente de la Asociación Sindical de Servidores Públicos No Uniformados del Ministerio de Defensa (Assppmidefensa) –uno de los 22 sindicatos del Ministerio–, le contó a SEMANA detalles de las 96 demandas.
Dijo que el caos derivó de un concurso de carrera administrativa en el que salieron de la entidad 1.380 personas no uniformadas, entre el 19 de mayo y el 7 de diciembre del año pasado. Su principal queja es que, a pesar de que ese proceso venía de hace varios años, y sucedió durante varias administraciones, el nuevo Gobierno no ha tenido en cuenta estos reclamos y les “dio de baja” a esos funcionarios, como se refieren a los despidos en el argot militar. “A pesar de que se decía que iba a haber un cambio en este Gobierno, el cambio fue haber cambiado a todos los civiles”, aseguró el abogado.
Señaló que ese proceso de renovación de la planta del Ministerio fue anunciado desde 2005. Sin embargo, por varias normas que se expidieron a lo largo de estos años, se llevó a cabo hasta 2019 y 2020, pero las personas salieron en la nueva administración. “Los están retirando y no están nombrando a nadie (…). Esas decisiones las está tomando la cúpula del Ejército, coroneles y administrativos”, aseguró Castaño.
Según mencionó el abogado, se ha reunido con altos mandos y directores administrativos del Ministerio de Defensa para explicarles la situación, ya que considera que se trata de una “masacre laboral” que estaría afectando los derechos humanos de esos exfuncionarios. Contó que en 2021, luego del proceso, logró una negociación colectiva con la anterior cúpula, pero la nueva administración no ha tenido en cuenta sus quejas.“Ellos tienen todo en conocimiento (…). Eso se incumplió, la negociación se hizo el año pasado, pero los retiros se realizaron en este Gobierno”, afirmó el líder sindical. El pasado 3 de marzo se reunió nuevamente en una mesa con altos mandos jurídicos en la Dirección de Veteranos en Bogotá para hacer seguimiento a esos acuerdos y volvió a expresar las inconformidades de los extrabajadores que representa. No obstante, asegura que no le prestaron atención.
Casos críticos
Varios exfuncionarios que han sido retirados le contaron su caso a SEMANA. Reclaman que no fueron tenidas en cuenta sus condiciones de especial protección. A algunos les ofrecieron quedarse en sus instituciones, pero en otras partes del país, por lo que muchos prefirieron la “baja”. La mayoría llevaba más de 20 años en las entidades del Ministerio y hoy dicen que se sienten abandonados. Algunos decidieron hablar con nombre propio, sin embargo, otros, por temor a represalias, prefirieron dar su testimonio bajo anonimato.
Uno de los casos es el de una mujer de Pamplona, Norte de Santander, que se desempeñaba en un rol administrativo en un batallón. Afirma que está a la espera de saber qué pasa con su cargo, pues no tuvo la oportunidad de concursar porque le dijeron que quedó mal inscrita. Le ofrecieron irse a Yopal, Chocó o Arauca, pero prefirió no aceptar ninguna opción porque es madre cabeza de familia y no puede dejar a sus dos hijas solas, por quienes responde. “Mi capacidad de endeudamiento no me da para irme con ellas”, contó. A diferencia de otros casos, no ha pedido “la baja”. Llevaba 21 años en ese puesto. Asegura que entiende el proceso del concurso y que lleguen nuevas personas, aunque reclama que el cargo que tenía no fue ocupado. “Acá hay cupo”, dijo. Cuenta que de 12 personas que tenían responsabilidades similares en esa sede quedaron cuatro. Varias de sus compañeras aceptaron un traslado.
Otro caso es el de Trinidad Garzón, una mujer de 56 años, que trabajó como auxiliar administrativa durante 25 años en el Batallón Santander de Ocaña. Tiene dos discapacidades: una auditiva, perdió el 95 por ciento de escucha; y otra visual, ya que no ve por su ojo derecho. Según contó, la audición la perdió casi en su totalidad por su trabajo en el batallón, pues oía de cerca los disparos del polígono, los helicópteros y hasta las bombas que hallaban los soldados y detonaban controladamente en el lugar. Es prepensionada y ahora no tiene seguro de salud por estar desempleada.
Dice que no pudo presentarse al concurso por la incapacidad que le dieron debido a sus condiciones de salud y que eso no fue tenido en cuenta en el proceso. Sufre depresión a causa de lo que ha tenido que padecer los últimos años. A pesar de todo, asegura que sigue amando al Ejército y la labor que desempeñó allí. Tanto es así que a veces cuando se levanta y recuerda su rutina se pone a llorar. “Amo tanto el batallón que yo todavía no he superado que salí de allá”, aseguró. A ella no le plantearon la posibilidad de ir a otra ciudad o cargo. “Cuando me echaron, me faltaban 20 meses para cumplir los 57 años”, contó.
SEMANA también conoció el caso de Heidy Castrillón, una mujer de 51 años que entregó toda su vida al Ejército y ahora se siente abandonada. Fue suboficial de la institución, y allí, por primera vez, le dieron la espalda en 1996 cuando quedó embarazada de un teniente. “Le iba a uno mejor vendiendo información a la guerrilla”, dijo. Prestó servicio desde que tenía 21 años. Tras la baja en ese momento por su condición, ingresó como civil y trabajó en distintas unidades como enfermera y auxiliar administrativa. El último cargo que tuvo fue en Rionegro, Antioquia, pero también estuvo en el Hospital Militar. Padece de lupus y, además, fue diagnosticada con ansiedad y depresión. Es madre cabeza de familia. “Tenía mucha carga laboral, ni salía a almorzar, lo hacía en 15 minutos en el puesto de trabajo”, contó.
Cuando se llevó a cabo el concurso de méritos, estaba incapacitada por sus condiciones, aunque había comprado el pin en 2007. Hoy no está suscrita a un servicio de salud por no estar vinculada al Ejército, lo que la priva de los medicamentos necesarios para tratar su enfermedad. Castrillón le confesó a esta revista que en tres ocasiones ha pensado en quitarse la vida. Tiene pocas esperanzas de que con su edad y condición la vayan a emplear; por eso, ya presentó una demanda por su caso.
Wilson Orozco ingresó en 1996 al Ejército. Era técnico auxiliar contable en Puerto Berrío, Antioquia. Posteriormente, lo enviaron a Cimitarra, Santander, donde se desempeñó como contador. En su caso, reclama que no ofrecieron su puesto y le proponían presentarse en otra ciudad. Asegura que tenía fuero sindical cuando fue retirado y que a su edad, 53 años, nadie lo va a contratar.
En general, los casos conocidos por esta revista –y que serían el común de las 96 demandas– aseguran que les duele haber entregado su vida a la institución a la que pertenecían, y en la que muchas veces trabajaron en horarios extendidos, para quedar por fuera ahora. A pesar de la difícil situación que afrontan actualmente, afirman que sienten el mismo amor por la institución, pues saben que no es la culpable, sino que se trata de algunas personas que están tomando esas decisiones, que consideran equivocadas.
