La palabra “crisis” define los primeros seis meses del Gobierno del presidente Petro, quien ante la gravedad de los acontecimientos pareciera más un domador de elefantes que un jefe de Estado. Los dos más grandes paquidermos de su gestión los acaban de presentar a la opinión pública el hijo mayor y el hermano del mandatario: Nicolás y Juan Fernando, respectivamente, confirmando, de paso, la existencia del llamado Pacto de La Picota. Toda una novela de terror de corrupción y traiciones, revelada al propio Jefe de Estado por su exnuera, quien desde el 3 de febrero de 2023 le informó los escandalosos movimientos de dinero de su hijo y las sospechas de su hermano.
Este escándalo sacudió los cimientos del Gobierno y revivió en el país la época del proceso 8000, que inmortalizó a Ernesto Samper, no por buen presidente, sino por su cinismo al negar que sabía lo que todo el mundo sabía. Los hechos se dieron, además, al tiempo que la crisis ministerial, que le costó el cargo al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, por su abierta crítica a la reforma a la salud, y la toma de un campo petrolero en San Vicente del Cagúan, Caquetá, que terminó con el secuestro de 79 policías y en el que resultaron muertos un uniformado y un campesino.
El presidente Petro ha revivido, asimismo, el fantasma de la narcopolítica, al tiempo que comienza a ver caer su popularidad y capital político, perdiendo credibilidad y gobernabilidad. El pacto se hace pedazos en un solo acto.
Dicen que no hay peor azote que la lengua. Y el presidente que, siendo senador, atacó a toda la clase política como corrupta, antes de “correr la línea ética”, hoy patalea en el charco de su propia tragedia. El primer protagonista es el hermano del presidente. En marzo de 2022, en plena campaña electoral fue a la Cárcel La Picota y se reunió con varios narcotraficantes y otros presos sindicados de corrupción. Varios de los reclusos con los que conversó afirman haber convenido con él ser incluidos en la ‘paz total’ y a cambio habrían entregado aportes a la campaña presidencial, confirmando así el Pacto de La Picota.
El hijo mayor del presidente Petro quedó en evidencia sobre el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo durante la contienda electoral al conocerse los chats con su exesposa y que ahora le reclama por hacerlo público. Por supuesto, los sectores más recalcitrantes y cercanos a Petro quieren desviar la atención de la gravedad de los mensajes, que minimizan el tema a “una mujer herida”, sacando a flor de piel el machismo solapado, característico de la falsa imagen de un progresismo que ha pretendido ser adalid de la moral, tratando de eludir que acá podemos hablar corrupción pura y dura.
Los chats revelan más que el posible ingreso de dinero ilícito a la campaña. Muestran el poder del diputado, que abusó de su posición como hijo del candidato, negoció contratos en ministerios y otras entidades nacionales. Además, exhibe cómo usó parte de los “recursos de la campaña” para “vivir sabroso” con un exagerado lujo, simulando el estilo de los viejos capos del narcotráfico. Nicolás se burla de los electores del “cambio” junto con un sector político que calla sobre sus acciones.
No es la primera vez que Gustavo Petro se ve envuelto en escándalos. En 2018 se dio a conocer un video grabado en 2005, en el que se lo ve recibir dinero de Juan Carlos Montes, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia en Suiza.
El nepotismo, el clientelismo y la aparente injerencia del narcotráfico se tomaron la campaña del Pacto Histórico. El fiscal Barbosa se ha crecido ante la opinión pública por su verticalidad e independencia. El país espera que tenga plenas garantías para adelantar las investigaciones y garantizar que haya justicia. Ningún Petro es inmune a la ley. No basta solo con comunicados de prensa, ni con que el diputado del Atlántico se aparte de la política, también debe renunciar inmediatamente a su curul.
La familia Petro queda al descubierto y, mientras tímidamente el presidente solicita que se investigue, inicia una pelea por tirarse la pelota entre ellos. Las declaraciones de Juan Fernando deja entrever que el Presidente quiere evitar la responsabilidad política del posible ingreso de dineros turbios a su campaña, quiere hacer ver a su hermano y su hijo como ruedas sueltas que actuaron por voluntad propia.
Estamos malacostumbrados a que ante posibles hechos de corrupción los señalados permanezcan en el cargo y por medio de piruetas legales torpedeen los procesos judiciales. La ciudadanía y la opinión pública debe ejercer control social y evitar que este episodio quede en la impunidad, como sucedió con el proceso 8000. Mientras tanto, comienza el “proceso 9000″. Y los elefantes se pasean orondos por los salones oficiales.
