El proyecto para enfrentar la erosión y prevenir el aumento del nivel del mar está paralizado por demoras en la entrega de una playa, a lo que se suman dificultades de comunicación con el Gobierno Nacional y retrasos en los pagos. Esta semana se reanudaron reuniones y buscan soluciones.
Entre las calles 11 y 13 de Bocagrande no hay paso a la playa. Lo único que se ve son polisombras que cubren parte de los equipos con los que en los últimos meses se hicieron los espolones y se rellenó con arena la zona, que debió estar abierta al público para la temporada turística de diciembre, pero que, por el contrario, hoy mantiene frenadas las obras de protección costera de Cartagena. No es el único detalle, pues al proyecto lo han antecedido una serie de situaciones que afectan e implican a operadores turísticos, la Alcaldía de la ciudad y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD).
El proyecto comenzó en 2018,como respuesta a la calamidad pública que se declaró en la ciudad por cuenta de las inundaciones que causó la temporada de lluvias. Esto hizo que se retomaron los estudios y alternativas planteadas por la Universidad de Cartagena, que proponía ampliar la playa y tomar otras medidas de mitigación para evitar nuevas afectaciones en el Centro Histórico y Bocagrande por el cambio climático.
Fue así como la Alcaldía de Cartagena invirtió $60.000 millones y la UNGRD $100.000 para adelantar la primera fase (se plantean cuatro) de las obras de mitigación, que van desde el espolón Iribarren, en El Laguito, hasta la Ciudad Amurallada, en la curva de Santo Domingo del Centro Histórico, que son 4,5 kilómetros de costa en los que se conformarán 80 metros de playa en la zona turística, se construirán seis espolones, tres rompeolas, una protección marginal y un box culvert (drenaje subterráneo o elevado), que permitieran prevenir la erosión costera y el aumento del nivel del mar, así como conservar el territorio.
Con esta idea se adjudicó el contrato al consorcio Proplaya, mientras que la compensación social se le encargó al PNUD, que hizo la caracterización de los vendedores, carperos y masajistas, entre otros comerciantes afectados por el cierre escalonado de las playas. Finalmente las obras iniciaron en diciembre de 2021, con la promesa de que las playas estarían listas en octubre de este año, pero desde que se posesionó Gustavo Petro se cortó toda la comunicación entre el Gobierno Nacional y los implicados en el proyecto.
No se volvieron a realizar los comités de gerencia, que se hacían cada 15 días para analizar los avances, ni se renovó el contrato de quienes eran voceros locales de la UNGRD. A esto se sumaron retrasos en los pagos hasta de $15.000 millones al contratista y la interventoría.
A la par salieron a protestar los operadores turísticos afectados, que en más de una ocasión impidieron a los trabajadores de la obra operar las maquinarias a la espera de claridad en los pagos de las compensaciones atrasadas, lo que, según el contratista, generó sobre costos diarios de hasta $600 millones. En respuesta, en noviembre la UNGRD señaló que se pondría al día en los pagos, pondría personal en las vacantes vacías y estudiaría adicionar recursos para apoyar a los comerciantes turísticos afectados.
Ya con todo casi todo solucionado, en diciembre, el consorcio hizo la entrega a la interventoría de playa cinco (ver mapa), un paso importante para empatar las obras que van del centro al Laguito, que tienen un avance del 48 %, con las que van del Cabrero a Crespo y se prometió su inauguración para el 19 de diciembre, pero el evento se canceló.
En dicha playa, que queda entre las calles 11 y 12 de Bocagrande, se construyeron dos espolones y una escollera de contención y se rellenó con arena una parte en la que no había playa, con el fin de que en dicho espacio se ubicaran los operadores turísticos afectados por el cierre de las otras playas, para continuar las obras en Marbella.
La intervención se hizo sobre 443 metros lineales, en los que se habilitaría playa para un aforo de 1.518 personas, pero en el momento en que la Capitanía del Puerto de Cartagena (DIMAR) hizo las revisiones correspondientes para dar los permisos evidenciaron que la capacidad se redujo a 978 personas y cuestionaron si los diseños hacían el espacio seguro para los bañistas.
Esto se debe a que en dicha playa hay un sector que no es uniforme y tendría cambios abruptos de profundidad, que generarían riesgos a quienes ingresen al mar. “Sobre esto entendemos que desde el Distrito de Cartagena y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se está revisando, en el marco de la ejecución del contrato de protección costera, si corresponde a modificaciones al diseño inicial”, dijo el capitán de navío Javier Enrique Gómez Torres, quien añadió que como no estaba esto claro ni dentro de sus análisis estaba el cambio del aforo de la playa, no podían dar la autorización para abrirla al público.
Pero esto no es todo. Tras una visita también se evidenció erosión de la zona que había sido rellenada, mientras que imágenes aéreas muestran que parte de la arena con la que se había rellenado la playa había desaparecido, a tal punto que dejó visible la escollera, lo que en esencia no debería pasar en ningún momento.
El consorcio indica que cumplió con las especificaciones que les dieron para el rellenado de la playa; es decir, con la cantidad de la arena que se requería, mientras que el ingeniero Alfonso Arrieta, director del Instituto de Hidráulica de la Universidad de Cartagena y encargado del diseño de la playa, asegura que no ha habido errores en las obras, sino que han sido los vientos fuertes los que han afectado la conformación de la zona, que ha llevado al material a acumularse a un costado de la playa.
“Como se ha presentado en estos días fuertes vientos donde ha habida hasta bandera roja, la playa en el sector del espolón 6 ha retrocedido y en el espolón 5 ha aumentado. Por prevención se ha planteado utilizar el sector de los 330 metros, que es donde aumentó la playa”, explicó Arrieta.
Frente a lo que queda por hacer ahora, dice que con el tiempo se espera que haya un equilibrio natural, por lo que, aunque señala que se pueden hacer obras que solucionen el problema actual, “en este momento lo sensato es terminar de hacer todas las obras, monitorear permanentemente todas las obras que se realicen y luego de terminado todo y basados en el monitoreo permanente del comportamiento de todo el sistema , se hacen las mejoras; que siempre habrá”.
Mientras tanto las obras siguen paradas. El diseñador, que es la Universidad Cartagena, se comprometió a revisar qué puede hacer para minimizar los riesgos a los bañistas. La UNGRD indicó que hará estudios para analizar la posibilidad de abrir la playa, mientras que con la DIMAR instalarán mesas de trabajo para agilizar la revisión de las condiciones para abrir la playa y continuar con las obras.
Lo que se espera es que en las próximas semanas se autorice la apertura de la parte de la playa que no presenta problemas y que era la que ya existía, para que allí puedan estar los operadores turísticos afectados por los cierres de las otras playas y así se pueda continuar con las obras de la siguiente fase.
Diálogo con el Gobierno Nacional
Aunque el noviembre del año pasado, la UNGRD se comprometió a ponerse al día con los pagos y a contratar a los funcionarios que faltaban, solo el pasado jueves 2 de febrero se pudo realizar el primer comité de gerencia, en el que la ciudadanía y los encargados de la obra vieron interés en la UNGRD en impulsar el proyecto.
“Se notó un cambio radical y creo que la dinámica va a empezar a cambiar a pasos agigantados, porque antes no teníamos doliente y ahora sí se ve el interés por organizarnos. Esperamos que la próxima semana comencemos a avanzar con unos espolones. Nos debían cerca de $15.000 millones y el lunes nos pagaron y se fijó la fecha del próximo comité presencial en Cartagena en 15 días”, dijo Juan Carlos Monzón, director de obras del consorcio Proplaya.
Por su parte, María Isabel Lugo, directora de Valorización de la Alcaldía de Cartagena, afirmó que han intentado que se retomen los comités, que no son solo claves para solucionar problemas de las obras sino en los que también pueden hacer seguimiento a los avances. Por ejemplo, “con la DIMAR se necesita pasar el filtro para determinar que la playa es segura para abrir. Ya la información se les hizo llegar y ellos deben ahora analizarla”. Y con respecto a las demoras a los pagos de los operadores turísticos, Lugo asegura que las demoras que registradas en los últimos meses obedecen más a trámites administrativos que a inconvenientes en la caracterización de los beneficiados o falta de recursos. Pese a ello, organizaciones de comerciantes insisten en que se establezcan pautas que les garanticen el acceso seguro a las ayudas mientras se realizan las obras en las playas, ya que son 2.158 trabajadores censados, que reciben entre $800.000 y $1,2 millones.
A la espera de que se abra playa cinco y se reinicien las obras, esta semana estuvo en Cartagena la procuradora Margarita Cabello, quien advirtió que la solución a la erosión costera no podía ser un nuevo problema para Cartagena. “Se está perdiendo entre 0,5 y un metro de playa. Eso es gravísimo; cada metro de playa que se pierde indudablemente es una afectación para las personas, los servicios públicos, el empleo, el turismo y el ecosistema marino costero”. Ante esto hizo un llamado a agilizar la articulación entre el contratista y el Gobierno Nacional.
Un clamor similar hacen los habitantes de Bocagrande, quienes, si bien ven como un paso importante que el Gobierno Nacional vuelva a acercarse al proyecto y retome las reuniones con los operadores, alertan de que con esto no todo queda solucionado, pues aún no está claro de dónde saldrán los cerca de $27.000 millones que faltan para finalizar esta fase del proyecto, así como los recursos que aún no han comprometido la Alcaldía ni la UNGRD para costear las demás fases del proyecto, que cubren el resto del litoral y son fundamentales para proteger a la ciudad de la erosión y de las emergencias que cada año se repiten en la temporada de lluvias.
