Avances de la obra no ameritan cambios en el contrato, lo cual generaría, además, enorme sobrecosto.
Los usuarios del transporte público de Bogotá serán los que sufran las mayores consecuencias ante la posibilidad de que se frene el proyecto del Metro que se construye en la capital del país. Las advertencias sobre una eventual parálisis de la megaobra y sus efectos, vienen de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y del Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca, que abogan por una pronta solución a la reciente polémica entre el el Gobierno Nacional y la Alcaldía de la ciudad.(Lea también:A 30 años del fin del apagón, lecciones para la incertidumbre actual)
Mientras la CCI sostiene quesi el proyecto del metro sigue dilatándose de forma indefinida los ciudadanos que usualmente se movilizan en transporte público serían los principales afectados por una decisión de esta naturaleza, el Comité Intergremial destacó la urgencia de encontrar un consenso entre los gobiernos Nacional y Distrital para “evitar anuncios y advertencias que condicionan el importante avance de in proyecto en marcha y la cofinanciación de nuevos proyectos clave para la movilidad de la capital”(Le puede interesar, además:‘No hay chantajes’: Mintransporte tras presiones a alcaldía por metro de Bogotá)
Las reacciones se dan como respuesta a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que insiste sobre la necesidad de un cambio en el trazado del metro con el que se busca que este no sea elevado sino subterráneo.
Según la CCI,la Nación financia el 70 por ciento de los costos del proyecto, lo que significa que son recursos de los propios ciudadanos los que tendrían afectaciones, “si se tiene en cuenta que la obra podría tener sobre costos, incluso, de hasta 3 billones de pesos.
“No se puede olvidar que el recaudo tributario de Bogotá representa un 25 por ciento del recaudo total de la Nación. Ello significa que el mayor aporte a la financiación del proyecto lo harán los bogotanos quienes, paradójicamente, verían afectadas las soluciones de la ciudad en materia de movilidad y la correcta ejecución de sus recursos,producto de sus impuestos”, preció el gremio de la infraestructura.
Por su parte, insistió en que dados los avances que tiene esta megaobra, 60 por ciento en el patio taller y 18 por ciento en su ejecución, no existe justificación técnica ni jurídica que amerite cambiar el actual contrato.
