Suena el segundo Tik Tak de este martes 31 de enero en SEMANA, y suena por los lados de la misión imposible de controlar las redes sociales en todas sus modalidades, incluyendo obviamente las plataformas digitales.
Primer riesgo, ¿dónde empieza una regulación y dónde termina esta en una censura? Porque circulan varios supuestos proyectos de ley al respecto. Uno para que los periodistas por obligación adelanten campañas para generar cambio en la conciencia ciudadana para humanizar la política criminal y promover las bondades de la justicia restaurativa bajo la vigilancia de un Consejo de Política Criminal y el Ministerio de las TIC.
Es decir que una columna escrita, un informe televisivo, un comentario radial o un trino de origen periodístico tendrían que pasar en el futuro el visto bueno del Gobierno si están o no alineados con sus fines.
El segundo supuesto proyecto de ley es para sancionar no solo a los conductores que utilizan plataformas tecnológicas para transportar pasajeros y así ganarse la vida, sino a sus usuarios con una considerable multa. Ayer, como ya es usual en toda protesta en el país, hubo bloqueos en varios sectores de Bogotá.
También marcha como tercer supuesto proyecto de ley uno que circula alrededor de una inmensa inquietud en la regulación de los activistas digitales, considerados por el congresista del Pacto Histórico Agmeth Escaf un peligro para la democracia.
Uno de los mayores beneficiados de estos influencers, como se denominan, ha sido precisamente este gobierno que hace rato capitaliza su utilidad en manejar las inclinaciones políticas de los usuarios de las redes. Se les quiere exigir que si opinan bajo un contrato se identifique su origen.
La polémica la disparó la influencer Laura Daniela Beltrán, conocida bajo el apodo de Lalis, que ha sido una activista muy petrista desde hace mucho tiempo. Pues a Lalis la contrató una entidad estatal, Colombia Compra Eficiente, ideada originalmente para garantizar precisamente la transparencia de la contratación pública.
Entonces ha generado la duda de por qué Colombia Compra Eficiente, cuya función es uniformar formatos de la contratación pública para que en unas oficinas del Estado los lápices no se compren a 100 y en otras oficinas a 1000, necesita contratar a una intensa activista petrista para promover sus funciones. La pregunta cabe, pero la neutralidad de la red está en juego, la libertad de expresión y opinión también, y el trabajo de muchos también.
¿La amenaza de llevarse los carros que utilizan plataformas de transporte a los patios hasta por cuatro meses e imponer multas a los usuarios hasta de diez millones de pesos por utilizar dichas plataformas tecnológicas y poderse mover no es meter a Colombia en un retroceso irreparable? Además, en un país en el que ya ni se puede sacar el carro, y donde se ve cada vez más remota por las ideas reformadoras de Petro incluso la construcción del prometidísimo Metro de Bogotá.
