Las nuevas tecnologías hace años son herramientas de la política, pero el creciente protagonismo de “influencers” en sus dinámicas ha generado polémica sobre los peligros que el fenómeno representa. ¿Cómo permitir debates más horizontales?
“Influencers”, “youtubers”, bodegas, “bots” y “fake news” son apenas algunos de los términos que vienen irrumpiendo en la política en los últimos 10 años. Palabras que forman parte de una modernización de las estrategias que cambiaron por completo las dinámicas para adaptarse al mundo digital. Desde la campaña presidencial de 2014 el uso de múltiples herramientas viene trasladando el debate político a las redes sociales y, en muchas ocasiones, disminuyendo la calidad de la argumentación en torno a programas, ideas y proyectos. Y desde 2016, con “Loa”, la entonces alcaldía de Enrique Peñalosa en Bogotá empezó a imponer el uso de youtubers para dar a conocer su gestión, pero también para desmentir a sus contradictores.
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Desde entonces es habitual que figuras de redes sociales generen contenido a favor de gobiernos, exaltando sus logros y proyectos o atacando a sus rivales políticos, con la violencia propia que es parte del lenguaje de esas nuevas tecnologías. Todo se enreda un poco cuando es imposible diferenciar si los activistas digitales emiten sus opiniones por convicción o los mensajes están mediados por contratos que les otorgan los gobiernos para realizar videos, tuits, memes u otras publicaciones, algo que para los más tradicionalistas es un despropósito, porque generalmente los montos de esos convenios tienen varios ceros.
Mucho criticaron quienes hoy están en el Gobierno estas estrategias de difusión y defensa digital a los políticos de derecha. Cuando estaban en la oposición, los sectores alternativos se deshicieron en reproches contra la administración Duque por el uso de recursos públicos para contratar a personalidades de redes sociales para ejercer cargos en diferentes ministerios u otros puestos del Estado. Pero los papeles se intercambiaron y hoy acuden a esas mismas estrategias, como quedó en evidencia cuando se revelaron un par de contratos que la influencer Laura Daniela Beltrán, conocida en el mundo de las redes sociales como “Lalis”, firmó con Colombia Compra Eficiente.
¿Cuál es el pecado?
De entrada, no hay ilegalidad alguna en que un gobierno contrate a personas cercanas para ejercer algún cargo estatal. Pero sí hay una discusión sobre qué tan bien visto está que a una persona, que durante cuatro años hizo contenidos digitales de todo tipo contra un gobierno, en este caso el de Duque, se le otorgue un contrato para hacer lo mismo desde las entidades del nuevo Ejecutivo, en condiciones diferentes (como la duración) a los contratos tradicionales por prestación de servicio.
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A Beltrán se le preguntó su posición sobre esta controversia que protagonizó, pero evadió en varias ocasiones las llamadas y los mensajes sobre el tema. Otras voces, que se hicieron célebres en política debido a su activismo digital, no necesariamente a favor de un candidato o gobierno, se debaten entre la necesidad de normalizar algo que no es más que un trabajo y la urgencia de regular esta actividad.
La hoy representante Catherine Juvinao (Alianza Verde) lideró durante el pasado cuatrienio la veeduría ciudadana “Trabajen vagos”, que consistía en examinar la presencia e intensidad en la actividad legislativa de los congresistas. Exponer a los más negligentes le valió un amplio reconocimiento que se tradujo en 45.882 votos en las pasadas elecciones. Ahora, desde su curul en la Cámara, se distancia de quienes afirman que la incursión de figuras digitales en la política precariza el debate y por el contrario señala que produce “nuevos liderazgos” que enriquecen la democracia.
Asimismo, plantea que “los activistas tienen derecho a trabajar y contratar con los gobiernos que defienden”, pero plantea que alguien que contrata con el Estado “debe decir que está trabajando con el Gobierno y que todo lo que diga está mediado por esa relación”. Y, hablando concretamente del caso “Lalis”, advierte una “doble moral” de escandalizarse por un contrato de $4 millones mensuales. “Por lo menos uno sabe que “Lalis” se dedica a eso. Hay mucha hipocresía que hasta la Procuraduría investigue, con todo lo que debería estar atendiendo, y se ponga a perseguir a una joven por un contrato así”, enfatizó.
En lo que más bien ve una “doble moral” la abogada Natalia Bedoya es en la prudencia que hoy tienen los allegados al Gobierno sobre los contratos de influencers. Bedoya lidera una comunidad digital muy ligada al Centro Democrático y aspiró a la Cámara por el Valle en 2018, pero no le alcanzaron los votos, y luego trabajó en el gobierno Duque como abogada en el Ministerio del Interior.
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“Es una diferencia muy grande a los contratos que se están revelando, que son de comunicación digital”, justifica. En su concepto, los “contratos que los gobiernos dan a personas afines para desarrollar determinada labor no es malo”, sino que la crítica que se le ha hecho al gobierno Petro es “la doble moral, porque para ellos era muy malo que Duque contratara a personas afines, pero es bueno hacerlo ahora”. Y sentencia que “uno gobierna con sus amigos”.
También hay quienes consideran “delicada” esta tendencia, como el senador Jonathan Pulido Hernández (Alianza Verde), conocido como “Jota Pe Hernández” antes de las elecciones legislativas, en las que rompió todo pronóstico al sacar 189.291 votos, por encima de experimentados políticos como Humberto de la Calle, Angélica Lozano, Carlos Trujillo, David Luna o Arturo Char. Pero es que antes de esos comicios Pulido, entonces youtuber, tenía cerca de un millón de suscriptores en su canal de Youtube, en el que hacía fuertes críticas al poder.
Para el ahora senador, son reprochables las contrataciones “de influencers que un principio hacían activismo por pasión o ideología, pero ahora se ve que lo hacen por un beneficio propio”, y hasta califica de “irresponsable y peligroso que un país se termine guiando por las opiniones de estos”. No obstante, al cuestionarle la diferencia entre lo que él hacía y lo que, por ejemplo, hacían “Lalis” y otros influencers, dice que “es clara” porque no promovía candidatos. “Yo era crítico político y la diferencia es que “JP” se han mantenido crítico con el Congreso y la labor de los parlamentarios. Nunca hice activismo a favor de un candidato o un gobierno”.
¿Regular o no?
“Jota Pe Hernández”, aunque es parte de la coalición de gobierno, ha tenido profundas diferencias con los congresistas del Pacto Histórico, pero estaría de acuerdo con la regulación que propuso el representante Agmeth Escaf, conocido en el mundo de la televisión antes de llegar al Congreso y quien forma parte de esa bancada oficialista. Este anunció recién la radicación de un proyecto para regular la actividad de los influencers con el fin de establecer “de dónde provienen los contenidos, cuál es el objetivo y quién paga”, según mencionó (ver balcón)
“Sería excelente que la ciudadanía sepa qué activistas reciben dinero del Gobierno, para saber si su opinión es objetiva y natural o es paga”, recalca “Jota Pe”, mientras que Juvinao dice que “no es tan sencillo como lo propone Escaf, porque ya hay un instructivo sobre lo que se les pide a los influencers que trabajan temas comerciales”. Pero en el instructivo de la Superintendencia de Industria y Comercio, no obstante, hay vacíos sobre los contratos con el Gobierno.
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Por su parte, Bedoya advierte que esto podría derivar en “limitar derechos a opinar y a la libre personalidad”, y que se debe pensar más en herramientas para combatir el uso indebido de las redes sociales sin llegar a censurar, como también lo proponen varios académicos y analistas del tema que coinciden en que lo malo no es que los gobiernos y las campañas usen estas “influencias”, sino que lo malo es usarlas para mentir o difamar, pues, como menciona Juvinao, antes de las redes había estrategas y líderes de opinión que se contrataban para promover partidos o candidatos. “Siempre se han contratado a personas con un liderazgo en la opinión para que asesoren. Ahora les escandaliza porque son personas jóvenes y muchos de origen sencillo”, sostiene.
Entonces, los riesgos y el auge de esta tendencia para la democracia es que, si no se consideran algunos factores como la ética, la expansión de noticias falsas, el mal manejo de la información y otras prácticas inadecuadas, se podría derivar en radicalización, aumento de la polarización, malas elecciones y, en general, el debilitamiento del sistema democrático, como menciona José Penso, consultor político y docente de mercadeo político, quien señala “el uso irresponsable y mal aprovechamiento de redes sociales para imponer matrices que capturan al ciudadano desprevenido” como un tema que se debe resolver y promover desde los gobiernos.
Por su parte, Nury Gómez, especialista en comunicación política, advierte que el riesgo más grande es que “no vamos a tener diferenciación sobre lo que es y no es cierto”, y ahí el llamado es a los medios de comunicación para revisar qué es falso y qué es cierto. Algo en lo que concuerda Mauricio Velásquez, de la Escuela de Gobierno de los Andes, quien recuerda que “antes las grandes familias políticas eran propietarios de los pocos periódicos y de esa manera controlaban la opinión pública”, y dice que el error es ver a los influencers como “una amenaza que no tiene precedentes”. En ese sentido, concluye, hay que aplicar modelos de comunicación para dar respuesta a uno de los principales retos de la comunicación contemporánea.
